#IXTAPALUCA: Era presunto extorsionador el hombre asesinado en calles del centro

El discurso de “cero impunidad” contrasta con casos reiterados dentro de la corporación.

    La detención de dos policías municipales de Chalco por su probable participación en secuestro exprés no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que comienza a evidenciarse dentro de la propia corporación.

De acuerdo con reportes recientes, los elementos detenidos habrían privado de la libertad a un joven tras interceptarlo bajo el argumento de un supuesto vehículo robado y posteriormente exigir dinero a su familia para liberarlo.

El caso, por sí mismo grave, adquiere otra dimensión cuando se coloca en contexto.

En febrero de este mismo año, un policía municipal de Chalco también estuvo presuntamente involucrado en el secuestro de un elemento activo de la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México, quien permaneció privado de la libertad durante varios días antes de ser rescatado en un inmueble del municipio.

Dos casos en menos de dos meses no apuntan a coincidencias, sino a fallas estructurales.

En contraste, el Gobierno de Chalco difundió un posicionamiento en el que asegura que existe una política de “cero tolerancia y cero impunidad”, subrayando que no se encubrirá a ningún elemento y que se colabora con las autoridades para sancionar estos hechos.

El problema es que el mensaje institucional vuelve a centrarse en la reacción, no en la prevención.

Porque si bien detener a los responsables es indispensable, la repetición de casos dentro de la misma corporación abre cuestionamientos más profundos:

• ¿Qué controles fallaron?
• ¿Qué tipo de supervisión existe?
• ¿Qué condiciones están empujando a que policías activos participen en delitos de alto impacto?

Diversos diagnósticos sobre policías municipales en el Estado de México señalan que los sueldos suelen oscilar entre los 8 mil y 12 mil pesos mensuales, con jornadas extensas, falta de equipo adecuado y capacitación limitada. A ello se suman denuncias recurrentes en Chalco por carencias como patrullas en mal estado, falta de insumos básicos y condiciones laborales precarias.

Nada de esto justifica un delito, pero sí dibuja un entorno donde la institución puede volverse vulnerable a la corrupción.

El contraste es evidente: mientras el gobierno insiste en que no habrá impunidad, los hechos recientes muestran que el problema no está únicamente en castigar a quienes delinquen, sino en evitar que policías en activo lleguen a ese punto.

Porque cuando los casos se repiten en tan corto tiempo, el discurso de “cero tolerancia” deja de ser una política efectiva y comienza a parecer una respuesta tardía ante una crisis que ya está dentro de la propia corporación.